La corrupción es un fenómeno que ocupa un lugar prioritario en la agenda y la política pública de nuestro país. Este complejo problema no solo afecta derechos y restringe servicios; también genera pérdidas económicas; afecta la competitividad y socava la confianza ciudadana. No obstante, las encuestas reflejan que la ciudadanía aún manifiesta un considerable grado de aceptación frente a diversas manifestaciones de la corrupción, lo que hace necesario congregar a las personas en torno a liderazgos que los comprometan a enfrentar este grave flagelo de manera eficaz y permanente.
El país enfrenta así un panorama desafiante. Recientemente, la OCDE presentó los resultados de la "Encuesta sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas", recomendando a los gobiernos mejorar su confiabilidad y preparación frente a posibles crisis, adoptando mayores niveles de transparencia y comunicación, así como mecanismos de rendición de cuentas para cumplir las expectativas ciudadanas; y exhortándolos a garantizar la integridad de sus altos funcionarios.
Asimismo, algunos estudios revelan que un alto porcentaje de servidores adquieren sus principios y valores más significativos en el ámbito familiar, lo que, en contraste con los niveles de tolerancia frente a la corrupción en la sociedad, podría significar una formación insuficiente para enfrentar los desafíos inherentes al ejercicio de la función pública. Presentación En este contexto se requiere de un mayor compromiso de las entidades del Estado para el fomento de principios y valores que desarrollen y fortalezcan una cultura de integridad, siendo gravitante la responsabilidad que le corresponde a quienes conducen las instituciones públicas. Lo anterior, en un contexto de alta desconfianza y escepticismo desde la ciudadanía, agrega un sentido de urgencia y exigencia moral que debe ser valorado por quienes tienen la capacidad de liderar un cambio en las organizaciones de la administración pública.
Esta Guía desarrolla el concepto de liderazgo ético con recomendaciones prácticas a los titulares de las instituciones del Estado, con la finalidad de reconocer aquellos aspectos críticos sobre los cuales pueden convertirse en verdaderos agentes de cambio que predispongan a su organización hacia la valoración de la ética y la defensa del interés general, teniéndolos a ellos mismos como referentes en su institución para el correcto ejercicio de la función pública. De este modo, esperamos contribuir a fortalecer el compromiso de Alta Dirección, transitando del discurso a la práctica, como la expresión visible de una gestión pública moderna y comprometida en la lucha contra la corrupción y la necesidad de elevar los estándares éticos de la actuación pública.
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