Para garantizar una práctica en salud mental imparcial y basada en la evidencia, es importante prohibir la influencia de la industria farmacéutica en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Así lo afirma un estudio publicado en la revista British Medical Journal y llevado a cabo por investigadores de la facultad de Psicología de la Universidad de Massachusetts, con el objetivo de analizar el alcance y los posibles vínculos económicos con la industria farmacéutica, por parte de los miembros del panel y del grupo de trabajo del Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, en su quinta edición revisada (DSM-5-TR).
Tal y como señalan los autores del estudio, las relaciones entre la academia y la industria farmacéutica han sido objeto de un mayor escrutinio, dado el potencial que esto tiene para "socavar la integridad de una investigación científica". A este respecto, manifiestan que los conflictos de intereses económicos y financieros que resultan de este tipo de relaciones, "pueden conducir a sesgos implícitos, comprometer el proceso de la investigación y erosionar la confianza pública". El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría estandariza los criterios de síntomas y codifica los trastornos psiquiátricos. Este manual desempeña un papel central en la aprobación de nuevos medicamentos psiquiátricos y la extensión de la exclusividad de las patentes, y puede "influir en los pagadores y los/as profesionales de la salud mental que buscan reembolsos de terceros". De hecho, los autores recuerdan que se ha hecho referencia al manual como la 'biblia' de los trastornos psiquiátricos, y advierten de que la influencia de la industria farmacéutica sobre el desarrollo de esta guía de diagnóstico. Por tanto, consideran fundamental que las personas encargadas de desarrollar esta taxonomía psiquiátrica estén libres de vínculos con la industria.
Sin embargo, investigaciones previas sobre la revisión de la cuarta edición y sobre las quinta edición del DSM, han mostrado que los vínculos económicos con la industria farmacéutica eran comunes entre miembros del panel de expertos y del grupo de trabajo, a pesar de la implementación en el DSM-5 de una estricta política de divulgación de conflictos.
Con el fin de determinar si se da la misma tendencia en la nueva edición revisada del manual, los investigadores han llevado a cabo este estudio. Para ello, han consultado en la base de datos de Open Payments, una página Web de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, donde se puede encontrar información detallada sobre posibles pagos realizados por parte de compañías farmacéuticas a profesionales de la salud, centros sanitarios y hospitales universitarios, entre otros beneficiarios.
Un 60% de los miembros del grupo de trabajo y del panel tenían vínculos económicos con la industria
Según señalan, la información que brinda esta base de datos, es de utilidad para evaluar el modo en que los conflictos de intereses económicos pueden influir en el comportamiento de los profesionales sanitarios, determinando, por ejemplo, la probabilidad de que se prescriban ciertos medicamentos y cómo puede haber influido aquí el haber recibido una compensación por parte de la industria farmacéutica.
Para tal fin, han realizado una búsqueda exhaustiva en Open Payments, con el propósito de determinar el tipo y cantidad de compensación que los miembros del panel de expertos y del grupo de trabajo del DSM-5-TR pudieron recibir durante el período 2016-19 (un período consistente con el comienzo del desarrollo del Manual y las investigaciones previas sobre conflictos de intereses), seleccionando el 2 de marzo de 2023 como fecha límite para incluir cualquier tipo de información relacionada con compensaciones.
Después de eliminar los nombres duplicados, los autores del estudio identificaron 168 personas que formaron parte del panel o del grupo de trabajo del DSM-5-TR. De ellas, 92 (86 miembros del panel y seis miembros del grupo de trabajo) cumplieron con los criterios de inclusión de ser profesionales radicados en los EE. UU., y por lo tanto, podían rastrearse en Open Payments.
A este respecto, detectaron que cincuenta y cinco de estas 92 personas (el 59,8%) tenían vínculos económicos con la industria (habían recibido pagos). Por lo tanto, aproximadamente un 60% de los miembros del grupo de trabajo y del panel que cumplieron con los criterios de inclusión "tenían uno o más de los 10 tipos de pagos enumerados en la base de datos", lo que, a juicio de los autores, "es consistente con investigaciones previas sobre los conflictos de intereses financieros de los autores del DSM-IV y DSM-5".
FUENTE: www.infocop.es
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